El seminario internacional “Los Derechos Humanos y los Sistemas de Protección” se realizó en la UPSA el 7 de octubre, con la participación de expertos extranjeros y nacionales, entre los que se contaba con dos ex autoridades que condujeron la instancia Defensor del Pueblo en Bolivia.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UPSA, Fernando Núñez Jiménez, fue el encargado de dar la bienvenida y destacó el alto nivel de los expositores. En el primer turno disertaron Luz Marina Monzón (Colombia) con el tema “Sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos” y José Antonio Rivera (Bolivia), con el tema “El control de convencionalidad y de margen de apreciación nacional”.
Waldo Albarracín, elegido Defensor del Pueblo en Bolivia para el periodo 2003-2008, expuso el tema “Los derechos humanos en el Estado Constitucional de Derecho”, mientras que el experto chileno Claudio Nash se refirió a “Los estándares mínimos internacionales para la protección de Derechos Humanos”.
La disertación de Rolando Villena, tercer Defensor del Pueblo en Bolivia, en el periodo 2010-2016, fue sobre “El papel del Defensor del Pueblo en la Defensa de los Derechos Humanos”, en tanto que Cristiana Blanco (Perú) se refirió al “Derecho a la información como derecho fundamental”.
La jornada concluyó con la ponencia de Fernando Rey (Colombia) sobre “El derecho internacional de los Derechos Humanos en el sistema jurídico, logros y dilemas”, mientras que Julieta Montaño (Bolivia) expuso el tema “Estándares mínimos de la protección de los Derechos Humanos de la mujer”.
En la clausura del seminario, el director ejecutivo de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuéllar, ponderó la disponibilidad de los disertantes y dijo que construir una protección efectiva de los derechos humanos debería ser la meta de todos los sistemas democráticos. Lamentó, empero, que la violación de los derechos humanos sea permanente, lo que impulsa a que los sistemas internacionales adquieran capacidades para contrarrestar los excesos en los que incurren los Estados contra las personas.